Los tribunales chinos utilizan sistemáticamente como arma imprecisas leyes de seguridad nacional y orden público para silenciar a quienes defienden los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe que expone el papel central del poder judicial en el mantenimiento de la represión de las libertades fundamentales por parte de las autoridades de Pekín.
El informe de investigación, titulado How could this verdict be ‘legal’? y publicado el Día Nacional de China, analiza más de 100 documentos judiciales oficiales de 68 casos que han afectado en el último decenio a 64 personas que defienden los derechos humanos. En él se expone con detalle cómo los tribunales chinos refrendan declaraciones de culpabilidad contra personas que ejercen activismo pacífico, periodistas, profesionales del derecho y personas corrientes, a menudo a causa de sus palabras, sus relaciones o sus contactos internacionales.
“A los dirigentes chinos les gusta emitir un mensaje de cooperación internacional y compromiso con el Estado de derecho. Sin embargo, la realidad es que esto enmascara un sistema en el que los tribunales de China, cuando tratan casos políticamente delicados, funcionan como instrumentos de represión, no como instrumentos de justicia”, ha manifestado Sarah Brooks, directora del equipo de trabajo sobre China de Amnistía Internacional.
“Las personas que defienden los derechos humanos en China son tratadas como enemigas del Estado simplemente por alzar la voz, organizarse de forma pacífica o relacionarse con el mundo exterior. Su valentía recibe como respuesta prisión, tortura y simulacros de juicio.”
En más del 90% de los casos analizados en la investigación de Amnistía, los tribunales utilizaron disposiciones relativas a la seguridad nacional o el orden público que son imprecisas y excesivamente amplias y se contradicen con las normas internacionales. Lo más frecuente es que se formulen cargos tales como “subversión del poder del Estado”, “incitación a la subversión” o “provocar peleas y crear problemas”, que permiten a las autoridades criminalizar la expresión y asociación pacíficas.
Los tribunales han tratado con frecuencia la expresión online —incluidos la publicación de blogs, los comentarios en redes sociales o la difusión de artículos sobre derechos humanos— como prueba de “subversión”.
Las relaciones internacionales se han citado habitualmente como actividad criminal. La concesión de entrevistas a medios de comunicación extranjeros, la publicación de artículos en sitios web extranjeros o la asistencia a sesiones de formación impartidas por ONG en otros países se han presentado como prueba de “connivencia con fuerzas extranjeras”.
Mientras tanto, se ha violado sistemáticamente el derecho a un juicio justo: se ha negado a las personas acusadas el acceso a abogados de su elección, se las ha sometido a prisión preventiva prolongada, o se les ha impuesto “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”: una práctica que constituye desaparición forzada y puede constituir tortura y otros malos tratos.
En 67 de los 68 casos examinados en los que se dictó sentencia, ésta fue condenatoria. Todas las personas acusadas salvo tres fueron condenadas a penas de entre 18 meses y 19 años de prisión.
Criminalización de las libertades fundamentales
Amnistía concluyó que los tribunales chinos equiparaban sistemáticamente las críticas al gobierno con amenazas a la seguridad nacional.
En un caso, un abogado de derechos humanos fue declarado culpable de “subversión” tras representar a clientes en casos políticamente delicados y apoyar a familias de personas detenidas. En otro ejemplo, el ganador del premio Nobel Liu Xiaobo fue condenado a 11 años de prisión por ser coautor de la Carta 08, una petición de reformas políticas. Las defensoras de los derechos humanos también han sido blanco de ataques. Una activista fue declarada culpable de “incitar a la subversión” por publicar escritos sobre los derechos de las mujeres y cuestiones de tierras.
“[Las autoridades] pueden tomar cualquier cosa que hagas —cualquier conducta o acción— y definirla como criminal”, declaró un abogado de derechos humanos chino entrevistado para el informe.
La investigación también documentó procesamientos de activistas en favor de los derechos laborales por ayudar a trabajadores y trabajadoras en negociaciones colectivas, y de apelantes a quienes se ha castigado por presentar quejas ante autoridades superiores. Las reuniones pacíficas se han enjuiciado de forma habitual como “alteración del orden social”.
Las relaciones internacionales, tratadas como delitos
En más de la mitad de los casos examinados, los tribunales presentaron las relaciones internacionales como prueba de criminalidad. Se acusó a personas de “connivencia” por recibir una modesta financiación de ONG, hablar con periodistas de otros países o incluso alquilar servidores en el extranjero.
En un caso, las autoridades alegaron que la publicación de artículos en un sitio web extranjero bloqueado constituía alteración del orden público dentro de China, pese a que el sitio web en cuestión estaba bloqueado por la Gran Muralla Cortafuegos china. En otro, la posesión de documentos de política disponibles públicamente fue tratada como “facilitación ilegal de secretos de Estado al extranjero”.
“Al convertir en delito casi todas las formas de contacto con la comunidad internacional, el gobierno chino está tratando de aislar del mundo exterior a quienes defienden los derechos humanos. No se trata de seguridad nacional: es puro control político”, ha manifestado Sarah Brooks.
“La criminalización de quienes defienden los derechos humanos en China también tiene un efecto disuasorio mucho más allá de las personas directamente atacadas. Al equiparar el activismo pacífico con amenazas a la seguridad nacional, las autoridades pretenden silenciar la disidencia en toda la sociedad.”
Negación sistemática de un juicio justo
Amnistía concluyó que todos los casos que había examinado estaban empañados por violaciones del derecho a un juicio justo.
Las 68 personas acusadas fueron detenidas arbitrariamente, muchas permanecieron en régimen de incomunicación durante meses, y al menos 15 fueron recluidas bajo “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”.
En 11 casos en los que los abogados presentaron denuncias de tortura, los tribunales las desestimaron sin investigarlas, a menudo haciendo recaer la carga de la prueba en las personas acusadas.
Mientras tanto, los juicios estaban cerrados de forma habitual para las familias, los medios de comunicación o las representaciones diplomáticas, presentándolos como “secretos de Estado” incluso cuando los cargos no tenían nada que ver con información clasificada, e incluso en algunos casos en los que los tribunales afirmaban que, de hecho, el juicio se había celebrado a puerta abierta.
En 67 de los 68 casos, los tribunales dictaron condenas privativas de libertad. Muchos incluyeron un castigo adicional de “privación de los derechos políticos” que prohibía a las personas acusadas hablar, hacer publicaciones u organizarse incluso después de la puesta en libertad.
“Nadie está a salvo”
Amnistía Internacional reitera los llamamientos que viene haciendo a las autoridades chinas desde hace tiempo para que deroguen o revisen sustancialmente disposiciones imprecisas y excesivamente amplias del Código Penal, como “subversión” y “provocar peleas”, así como la Ley de Seguridad Nacional de 2015.
También insta a las autoridades a abolir la “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, poner fin a todas las formas de detención en régimen de incomunicación y garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el acceso a abogados de la elección de la persona procesada y la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura.
“El gobierno chino debe poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas exclusivamente por el ejercicio pacífico su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión”, ha manifestado Sarah Brooks.
“Cuando se encarcela a profesionales del derecho por defender a clientes, se castiga a apelantes por pedir justicia o se priva de libertad a escritores o escritoras por sus palabras, el mensaje está claro: nadie está a salvo. Aun así, las personas que defienden los derechos humanos en China persisten, y el mundo debe estar a su lado.”
Información general
El informe se basa en el análisis realizado por Amnistía Internacional de 102 acusaciones formales y sentencias de 68 casos que implican a 64 personas que defienden los derechos humanos, unos casos que han sido resaltados por mecanismos de derechos humanos de la ONU entre 2014 y 2024.
